Washington, DC, junio 26.- La Red de Control de Delitos
Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por
sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam
Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunta relación con el tráfico de
fentanilo y prohibió cualquier tipo de operaciones con ellos.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, aseveró
que las tres instituciones financieras con sede en México han facilitado el
“envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre
de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de
suministro de fentanilo”.
Denunció que estas instituciones han desempeñado
colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de dinero de
cárteles y han facilitado pagos para la adquisición de precursores
químicos necesarios para producir fentanilo.
Estableció que estas órdenes son las primeras acciones
de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la
Ley FEND Off Fentanyl, que proporcionan al Tesoro autoridad para atacar el
lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros
opioides sintéticos.
“Las instituciones financieras contempladas tienen
prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco,
Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda
virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o
Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su
publicación en el Registro Federal”, puntualizó.
Durante el anuncio hecho en EU, Anna Morris,
subsecretaria interina del Departamento del Tesoro, se encontraba en México,
dando seguimiento a este tema, según algunas fuentes del sector financiero, e
incluso el embajador de EU en México, Ronald Johngon, en su red social,
reconoció su liderazgo para desmantelar a los cárteles narcoterroristas,
ya que su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para
ambas naciones, escribió.
Acusaciones
Para los dos bancos, el FinCEN detalló que la
preocupación radica en el patrón detectado de asociaciones, transacciones y
prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito
de opioides por parte de cárteles, con sede en México, como el Jalisco
Nueva Generación (CJNG), entre otros.
En contra de CIBanco, argumentó que había
facilitado la adquisición de precursores químicos de China, con fines
ilícitos; mientras que a Intercam Banco, demandó el procesamiento de transferencias
de fondos en dólares estadounidenses en nombre de organizaciones
narcotraficantes con fines ilícitos para el mismo fin.
A Vector Casa de Bolsa se le inculpó de posibilitar las
actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el
Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Presuntamente también
ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines
ilícitos.
El FinCEN recordó que en enero de 2025, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva que creó un
proceso mediante el cual ciertos cárteles y otras organizaciones mexicanas
serían designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Impacto
Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC360, aseveró
que las instituciones están quedando aisladas y, aunque las
consecuencias son directas, se va a dar un efecto dominó en la confianza
del sistema financiero global hacia México. “Se percibe una falta de
blindaje estructural”, dijo.
Indicó que los clientes que hagan transferencias
financieras en México desde el propio país seguirán funcionando de forma
“normal”. Donde sí verían un impacto es al mandar dinero hacia Estados
Unidos por medio de un banco, porque “no lo van a recibir de ese lado”.
Michel Levien, abogado especializado en anticorrupción, antilavado y
transparencia, anotó que a corto plazo, quienes tengan cuentas en estas tres
instituciones no están afectados de ninguna manera, excepto si están
instaladas en Estados Unidos o hacen operaciones a través de algún
banco o institución financiera del vecino del norte.
“A mediano plazo, los clientes de estas instituciones
deben estar muy atentos a los procedimientos legales (juicios) que se hagan en
México y además en EU, porque esos juicios pueden imponer sanciones
muy serias que incluyen multas, decomiso (quitarles las ganancias
obtenidas), suspensión de actividades y hasta disolución (cierre)”,
manifestó.
Miguel González, coordinador del Centro de Estudios
Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, mencionó que será clave conocer
las pruebas que presente EU a las autoridades mexicanas para establecer dichas
prohibiciones, pero de ser contundentes, habría un daño a los
supervisores. (El Financiero)
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