Por Oscar Tafoya
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un diputado del Congreso del Estado de Baja California solicitó 8.5 millones de pesos para ayudas sociales sin acreditar que fueron entregadas a los beneficiarios.
En la auditoría número 485, de la que cuenta con copia Monitor Económico, la ASF revisó la partida “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” del ejercicio fiscal de 2024 donde reveló que el legislador (cuyo nombre no se menciona) provocó un daño o perjuicio a la Hacienda pública por un monto de “8,586,647.18 pesos (ocho millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones Federales a Entidades Federativas”.
De tal forma, la ASF señala que del importe ejecutado por el “Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Baja California (PLBC), cuyo objeto está relacionado con ayudas sociales a personas, se verificó que se presentan facturas, pólizas y comprobantes de pagó; sin embargo, no se presentó soporte que acredite que las ayudas se entregaron a los beneficiarios, ya que se presentaron inconsistencias entre las solicitudes y los reportes fotográficos presentados, por lo que no se acreditó la materialidad del gasto, al no existir certeza razonable de que los bienes fueron efectivamente recibidos por la población objetivo”.
“En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación soporte del reintegro de los recursos; sin embargo, no cumple con los requisitos, debido a que se constató que dicho reintegro se efectuó en una cuenta bancaria distinta a la cuenta productiva específica de la cual se originaron los pagos, lo que impide garantizar la trazabilidad de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas”.
Y agrega la ASF que “no se demostró documentalmente que el reintegro fuera realizado por el legislador responsable de la solicitud del gasto; además, no se proporcionaron los entregables o evidencia que acredite que las ayudas se entregaron conforme con la normativa aplicable, con lo que no solventa lo observado”.
Cabe mencionar que la auditoría corresponde al ejercicio fiscal de 2024 cuyas notificaciones y acuses de recibido cuentan con fechas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Asimismo, se recuerda que la actual legislatura número XXV entró en funciones a partir de agosto de haces dos años.
