Por Raymundo Riva Palacio
(Columna Estrictamente Personal)
El microeditorial de La Jornada, la famosa Rayuela, fue
implacable y certera: “Si colabora como sapo, delata como sapo y trabaja a las
órdenes de otra nación como sapo, ¿qué es?”. Es un soplón o una delatora. Pero
si se trata de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California a la
que se refiere, entonces también es una traidora a su jefe político, Andrés
Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el movimiento
de la ‘4T’. Paradojas del régimen con figuras con pies de barro, cuyas
lealtades duran hasta que su libertad peligra.
Ávila ha puesto en un tobogán al régimen, tras admitir la
veracidad de la grabación que dio a conocer el columnista de El
Universal Héctor de Mauleón, donde ofrece colaborar con las autoridades
estadounidenses, proporcionándoles información de las reuniones de gabinete
sobre seguridad, para paliar la amenaza de que el Departamento de Justicia la
acuse formalmente de nexos con los cárteles de las drogas. La presidenta
Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,
minimizaron ayer (martes) sus ofrecimientos para reducir el impacto del golpe a la ‘4T’,
pero no es posible.
Las reuniones de los gabinetes de seguridad no son públicas
y en ellas se menciona información de inteligencia, que aún no está
judicializada, y se habla de los objetivos prioritarios y de operaciones en
curso o bajo planeación, entre otras cosas. Es información delicada que permite
adentrarse en la mecánica de operación de un gobierno y, al mismo tiempo, las
deficiencias o errores deliberados en los que puedan incurrir. Pero no solo
eso. La gobernadora tiene información sobre las posiciones de Sheinbaum y López
Obrador que pueden ser comprometedoras.
García Harfuch afirmó ayer que Ávila no podría dar
información confidencial porque en las reuniones donde participaba no tenía
acceso a ella, pero es una salida en falso. Las agencias estadounidenses no
necesitan ese tipo de información, porque parte de lo que se habla en los
gabinetes de seguridad la proporcionaron ellas, o tienen informantes de mejor
calidad técnica que los gobernadores. Así no funcionan estas cosas.
El interés de los estadounidenses es ampliar el espectro del
trabajo institucional contra el crimen organizado para que puedan profundizar y
aumentar sus líneas de investigación. Esa fue la racionalidad cuando capturaron
a Ismael El Mayo Zambada, para llenar huecos en su historial
del Cártel de Sinaloa y para que les aportara la información final
sobre la relación que tenían con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
que terminó con su captura. Entre la información que están buscando de Maduro
en Nueva York, son los nexos criminales y de financiamiento de campañas
presidenciales de López Obrador y su relación con la inteligencia cubana.
Si hasta este momento, de acuerdo con la grabación, la
información que ha proporcionado no es del interés del FBI, la agencia que
formalmente encabeza la investigación contra los narcopolíticos en México,
basta solo que los abogados que asesoran a la gobernadora le digan en qué temas
tiene que elevar la mira para captar su atención y abrir la puerta para una
negociación como testigo cooperante para mitigar las acusaciones que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando en su contra. Ávila tiene
fuertes incentivos para hacerlo, toda vez que la grabación probó que no
responde a ideología ni a lealtades con los líderes del régimen, y que tampoco
hay una fuerza política en México que la frene.
Cuando se anunció la cancelación de su visa en mayo del año
pasado, la primera reacción de Ávila fue llamar a López Obrador, quien le
prohibió que presentara una solicitud de licencia al cargo, que fue en lo que
primero pensó. La presidenta la arropó de inmediato y se preparó una estrategia
de blindaje. Lo primero fue que se divorciara –formalmente al menos– de su
esposo Carlos Torres, que era el objetivo primario de las investigaciones en
Estados Unidos sobre la vinculación de ambos con Los Rusos, una subsidiaria del Cártel
de Sinaloa en el estado.
Lo segundo fue abrir una investigación en la Fiscalía
General contra Torres, con el propósito de ganar tiempo y ralentizar las
averiguaciones para protegerlo.
Lo que no esperaba el gobierno era que Ávila decidiera
actuar por cuenta propia y recuperar su visa porque la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a la que primeramente acudió, no le pudo ayudar. La gobernadora
entró en contacto con intermediarios de las autoridades estadounidenses para
sentar las bases de una cooperación con ellas, que fue sugerida en una primera
grabación que difundió De Mauleón a finales de junio. Sheinbaum se sorprendió y
le pidió a su secretario particular, Carlos Morales, que le pidiera
explicaciones y le recordara la protección que estaban dando a su exesposo.
La respuesta que le dio Ávila a Morales fue que la llamada
había ocurrido en el contexto de sus gestiones legales con un abogado en Miami,
que había sido exactamente lo mismo que le había declarado a la prensa días
atrás. La presidenta se enojó, pero no hizo nada. La segunda grabación la debió
haber tomado por sorpresa, aunque en la conferencia mañanera de ayer no lo
reflejó. No obstante, la revelación de esa conversación ofreciéndose como
testigo cooperante rompe por completo con los acuerdos establecidos en Palacio
Nacional, donde el gobierno defendería a gobernadores y políticos de la ‘4T’, a
cambio de que no se convirtieran en colaboradores de la justicia
estadounidense.
Ávila es, por el momento, el eslabón más débil del régimen,
por la jerarquía que tiene en la política, y por ser punto de cruce de
personajes que forman parte de la estructura política-electoral de la ‘4T’ y
sujetos a investigaciones criminales en Estados Unidos: Mario Delgado e Iván
Silva. El ex líder de Morena y el estratega electoral de Sheinbaum están en dos
indagatorias en las cortes federales de Texas por su relación con Sergio
Carmona y el financiamiento de campañas de Morena con dinero del huachicol.
Silva, aún más grave, está en conflicto de interés, al servir a la presidenta
al mismo tiempo de ser quien le maneja la comunicación a la gobernadora.
La presidenta ha insistido que la vinculación de la ‘4T’ con
el crimen organizado es una campaña de la ultraderecha, de la oposición y de
sus críticos para desacreditar al régimen, pero iniciativas como la de Ávila no
ayudan a ese relato, sino lo derrumban.
