Por Zedryk Raziel
(Opinión en El País)
La ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California) es
conocida por ser el punto “donde comienza la patria”, teniendo como referencia
a Estados Unidos. El patriotismo mexicano suele agitarse cuando se trata del
vecino del norte, protagonista de invasiones, despojos territoriales y acuerdos
desventajosos. Muchos políticos, incluyendo expresidentes, han actuado acorde
con los intereses estadounidenses. La intromisión de EEUU en los asuntos de
México ―como en otros países de la región― ha sido sutil unas veces más que
otras. Sin embargo, en la Administración de Donald Trump, Washington ha
impulsado sin tapujos una agenda intervencionista con el pretexto del combate
al “narcoterrorismo”, lo que ha instigado un cierre de filas del oficialismo en
defensa de la soberanía, que se ha posicionado como una de las mayores
prioridades del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha pedido a los funcionarios públicos y a los
congresistas y gobernadores de su partido, Morena, dirigir sus esfuerzos a ese
propósito, frente a las abiertas señales de EEUU de influir en la política
doméstica de México. El fuerte morenista, sin embargo, comienza a mostrar
grietas, y no tanto por presiones externas como por voluntades internas. La
gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (40 años), ha ventilado
su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, dándoles
información sensible en materia de seguridad a la que ha tenido acceso en su
carácter de mandataria. El objetivo, según ha reconocido ella, es recuperar el
visado que Estados Unidos le revocó el año pasado, una especie de rendición de
la plaza que coloca a Baja California como el punto donde termina la patria tan
pronto como comienza.
Una fuente con acceso a Palacio Nacional ha confiado a EL
PAÍS que en el Gobierno dan crédito a las versiones ―reveladas por The New York
Times― de que funcionarios del oficialismo han ofrecido a Washington dar
testimonio en contra de otros morenistas a fin de salvar el propio pellejo. El
reportaje señalaba que EEUU tenía investigaciones en curso por presuntos
vínculos con el narcotráfico contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas,
Alfonso Durazo y Américo Villarreal, que se sumaban a la acusación, esa ya
formalizada, contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha. De Villarreal se
indicaba que podría estar colaborando con Washington, algo que este negó. La
fuente de Palacio Nacional refiere que, en realidad, de quien más sospechan que
estaría en contacto con las autoridades estadounidenses con ese propósito es de
la gobernadora Ávila.
Las grabaciones de la mandataria de Baja California parecen
dar sustento a la sospecha. En las llamadas, Ávila dice a sus interlocutores
que podría filtrarles información obtenida en las mesas de Seguridad, donde
participan fuerzas del orden locales y federales, y en las que se informa de
objetivos prioritarios, operativos y mapas criminales. La mandataria revela en
las conversaciones que ya ha tenido encuentros con autoridades estadounidenses
y confiesa sus temores de ser detenida y extraditada a ese país, además de que
la OFAC, la agencia antilavado norteamericana, le congele sus activos
bancarios. Ávila luego salió a explicar que todas eran conversaciones para
recuperar su visado, que le fue retirado sin que estén claras las razones de
Washington. Un asesor de la gobernadora señala que para ella es importante la
visa porque lleva su vida en los dos lados de la frontera (por ejemplo, apunta,
sus hijos estudian en EEUU).
La presidenta Sheinbaum ha puesto el pecho por la mandataria
estatal, como en su momento lo hizo el expresidente Andrés Manuel López
Obrador, lo mismo que quien entonces era dirigente de Morena, Mario Delgado,
señalado como el gran impulsor de Ávila. Un político con conocimiento de los
asuntos de Baja California, que ha pedido reservar su nombre, detalla cómo el
encumbramiento de Ávila provocó un cisma a nivel local. Ávila, que militaba en
el PAN, llegó a Morena por invitación de Jaime Bonilla, fundador del partido en
el Estado y quien se convertiría en gobernador (2019-2021). Con ella también
llegó su esposo, Carlos Torres, de quien se divorció el año pasado, en el marco
de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra él por
tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Es corta la experiencia de Ávila en la administración
pública. En 2018, ganó la elección a diputada en el Congreso federal ―donde
estuvo apenas un año―, luego a alcaldesa de Mexicali ―que ejerció durante dos
de tres años― y después a gobernadora, tras el mandato de Bonilla. Ávila no era
la delfina del entonces mandatario, que impulsaba a Armando Ayala, a la sazón
el alcalde de Ensenada, un personaje de toda su confianza. La imposición de
Mario Delgado a favor de Ávila marcó el comienzo de la ruptura entre la
gobernadora y su antecesor, persistente a la fecha. Bonilla, que regresó a su
escaño en el Senado, lanzaba desde el Pleno constantes ataques al Gobierno de
Ávila, al que acusaba de tener tratos con el crimen organizado. La mandataria
pasó a la ofensiva y consiguió que la Fiscalía estatal lo acusara de corrupción
en un contrato para la construcción de una planta de generación de energía.
Bonilla se convirtió así en el primer exmandatario del
oficialismo que era perseguido por alguien de su propio movimiento. Junto a él,
un grupo de sus excolaboradores también han sido acusados por el mismo delito.
Bonilla, muy cercano a López Obrador, abandonó Morena y se pasó al PT, del que
se volvió dirigente estatal. La bronca con Ávila ha puesto en vilo la coalición
oficialista, lo que deja a Baja California como uno de los focos de
preocupación para Morena en los comicios de 2027. La presidenta Sheinbaum envió
al Estado en agosto del año pasado a una comitiva de funcionarios federales
para tratar de conciliar a las partes en disputa: el experimentado
subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el diputado Leonel Godoy, que fue
delegado de Morena en Baja California.
La gobernadora, descrita por las fuentes cercanas a Palacio
Nacional como una política vengativa pero pragmática, puso precio a la paz con
Bonilla. Durante el encuentro, que confirman a este diario desde el entorno de
ambos políticos, la gobernadora se quejó de que la cancelación de su visa
obedecía a las acusaciones de narco que le lanzaba una y otra vez su
adversario. Luego, frente a los representantes de Sheinbaum, Ávila le pidió a
Bonilla interceder ante Washington para recuperar el documento, habida cuenta
de que este había sido funcionario en California y era miembro del Partido
Republicano de EEUU. La gobernadora asegura que su adversario aceptó ayudarla,
pero la traicionó. Personas cercanas a Bonilla afirman que este nunca accedió.
La Fiscalía estatal reactivó la andanada contra el
exgobernador, de quien Ávila sospecha que es la fuente de las filtraciones.
Curándose en salud, la gobernadora ya ha anticipado que saldrán a la luz más
grabaciones. Un exfuncionario de Bonilla ha ventilado que hay una hora y media
de audios. La historia se cuenta por capítulos y cada uno abre más la puerta a
los halcones de Washington.
