Ciudad de México, agosto 14 (SE).- México necesita un
ajuste fiscal equivalente al 2.4 % del producto interno
bruto (PIB) para estabilizar su deuda, en un contexto de
mayor rigidez del gasto y crecimiento persistente de las transferencias,
advirtió este jueves Moody’s Ratings.
En un reporte sobre 18 economías de América Latina y el
Caribe, la calificadora señaló que el balance fiscal proyectado para
México en 2026 es más débil que el requerido para estabilizar la deuda, lo
que coloca al país entre los soberanos con mayores necesidades de
consolidación, por detrás de Trinidad y Tobago y Brasil.
Moody’s, que asigna a México una calificación
de Baa3 con perspectiva estable, indicó que la deuda mexicana aumentó
14 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2025, lo mismo
que Bahamas, Chile y Colombia.
El informe advierte que una mayor carga de deuda reduce la
capacidad de los Gobiernos para absorber choques y eleva la importancia de
conseguir mejoras duraderas en el balance primario, es decir, antes del pago de
intereses.
La agencia destacó además que el gasto de las
administraciones públicas en México aumentó alrededor del 2 %
del PIB al comparar el promedio de 2015-2019 con el de 2021-2025, un
avance similar al registrado en Chile y República Dominicana.
Parte del desafío mexicano, añadió la agencia en su reporte,
está en la composición del presupuesto.
En este sentido, señaló que las transferencias representan
una proporción elevada del gasto rígido del país y registraron aumentos
persistentes después de la pandemia, junto con Ecuador y Panamá.
Moody’s define como gasto rígido los pagos
de intereses, subsidios, transferencias y salarios públicos,
partidas que son obligatorias o difíciles de reducir por razones
legales, contractuales, políticas o sociales y que limitan el margen para
responder a choques o reducir déficits.
La calificadora también apuntó que México enfrenta
restricciones para consolidar sus cuentas mediante mayores ingresos, debido a
que el Gobierno federal debe compartir parte de la recaudación
tributaria con los gobiernos locales mediante participaciones.
Esto implica que los incrementos de los ingresos o los
recursos adicionales derivados de reformas tributarias no benefician plenamente
el ajuste fiscal federal, por lo que el efecto crediticio dependerá de que se
traduzcan en mejoras sostenidas del balance primario y de la trayectoria de la
deuda.
El reporte advierte que, cuando el margen para elevar
ingresos es limitado, los gobiernos pueden recurrir a recortes de
inversión pública para reducir déficits, una estrategia que genera ahorros
a corto plazo, pero puede debilitar el crecimiento económico a mediano plazo.
El documento, que no anuncia una acción de calificación
crediticia, indica que mejorar la eficiencia del gasto puede contener presiones
futuras sin debilitar los servicios públicos ni la inversión.
