Por Raymundo Riva Palacio
(Estrictamente Personal)
Ciudad de México, julio 14.- La estrategia en Palacio
Nacional fue diseñada la semana pasada: echar toda la caballería de la ‘4T’
para que las críticas sobre la captura de Ismael Zambada, a la sazón jefe del
Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos para responsabilizarlo
de las malas condiciones en la relación bilateral. Es una apuesta muy costosa
si sale mal, como probablemente suceda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum
está dispuesta a jugarla, aparentemente sin medir las consecuencias que puedan
venir.
Mensajes llegados por vía diplomática al Zócalo precisaron
que la estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el
crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el
Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del
Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo
Villarreal, de Tamaulipas. No hay mucho nuevo porque sus nombres ya han sido
mencionados públicamente. Lo novedoso es el compromiso con todos los gobernadores
de la ‘4T’ de no entregar a nadie.
Tampoco les pedirá que renuncien, revelaron funcionarios
federales, que agregaron que, no obstante, los apretará mediante auditorías,
para obligarlos a que soliciten licencia. No se sabe cómo terminará esta
estrategia, porque los gobernadores, que son leales al expresidente Andrés
Manuel López Obrador, han mostrado una resiliencia superior a la determinación
de la presidenta. La discusión en los círculos políticos sobre la posibilidad
de que Rocha Moya retome su cargo pleno de gobernador es parte de estos
vaivenes que vive la ‘4T’.
La presidenta sigue jugando a la gradería doméstica,
mientras en Washington siguen debilitándola con información que está circulando
de manera cada vez más frecuente. La última, aportada ayer por Héctor de
Mauleón, en El Universal, es una nueva grabación de la gobernadora de Baja
California, donde ofrece colaborar con el FBI y aportarle toda la información
en materia de seguridad que “escuchó”, a cambio de evitar que le formulen
acusaciones, como sucedió con Rocha Moya.
La grabación que obtuvo De Mauleón tiene una segunda
lectura: la enorme infiltración que tienen las agencias estadounidenses en el
círculo más cercano de la gobernadora. El columnista difundió previamente una
grabación donde se mostraba que estaba buscando una negociación con las
autoridades de ese país, que ella negó. No es solo que una segunda grabación la
desmienta, sino que las medidas que debió haber tomado para que no quedara
registro de sus palabras resultaron insuficientes. Lo que mostró el periodista
es que Ávila está aterrorizada ante la posibilidad de que le finquen
acusaciones penales –bajo la ley contra el terrorismo– y que la están matando
públicamente por goteo, con lo que alientan la paranoia que hay dentro de la
‘4T’ por la posibilidad de que más políticos comiencen a buscar cooperar con
Estados Unidos.
La información previa obtenida de fuentes estadounidenses
fue la de Luis Chaparro, que en el sitio Pie de Nota difundió la exhibición del
avión en el que transportaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados
Unidos, para su detención formal. El reportaje de Chaparro, que mencionaba que
el FBI había prestado el avión al museo en el aeropuerto en Nuevo México en
donde aterrizó con los narcotraficantes, detonó la crisis que llevó a la
presidenta a diseñar la estrategia para culpar de la mala relación bilateral al
gobierno de Donald Trump.
La estrategia se montó sobre el exembajador en México, Ken
Salazar, convertido en el tonto útil para este propósito. La presidenta lo ha
acusado de mentiroso y Salazar ha dicho que no mintió. Salazar tiene
parcialmente la razón: no engañó a nadie. El exembajador no supo de la
operación y no le dieron detalles de la misma porque su gobierno no confiaba en
él y pensaban que iba a ir corriendo a decírselo a López Obrador. Pero el
embajador, como el gobierno mexicano, aprovechan la corta memoria mexicana para
fugarse hacia delante.
En el comunicado del Departamento de Justicia tras la
acusación contra Zambada (que se puede ver en esta liga:
https://shorturl.at/juZ2b), Alejandro Mayorkas, en ese entonces secretario de
Seguridad Nacional, dijo que había sido “gracias al trabajo dedicado de los
valientes agentes de Investigaciones y sus colegas federales, Estados Unidos
está rompiendo y desmantelando las operaciones del narcotráfico en el mundo”.
Fuentes en Washington confirmaron que el operativo fue diseñado por un grupo de
expertos en el Cártel de Sinaloa dentro del FBI.
Un informe de inteligencia que le entregaron a López Obrador
sobre la captura de Zambada y Guzmán López, con información procedente del
Cártel de Sinaloa, revelaba que la operación había sido ejecutada por un
comando estadounidense que combate al terrorismo en todo el mundo, que dispuso
de la escolta del líder de la organización, y que en ese mismo lugar mexicanos,
presumiblemente del equipo de seguridad de Rocha Moya, asesinaron al diputado
federal Héctor Melesio Cuén.
El intervencionismo estadounidense es claro y como Salazar
no alcanza para mucho más en la nueva estrategia, hay otros instrumentos en la
mesa de la presidenta para transferir los costos al gobierno de Donald Trump.
Uno de ellos es haber dejado la gestión diplomática a un lado para exigir
explicaciones y presionar por castigos contra agentes federales por matar a
migrantes mexicanos, optando por la vía penal, en el Departamento de Justicia.
Otro más es la evaluación que realizó hace unos días para defender a Rocha
Moya, presentando una queja de violación a sus derechos en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pero fue persuadida de que ese no era el
camino.
