Las investigaciones apuntan a que Grupo
Potesta, una comercializadora de hidrocarburos, realizó operaciones
financieras por alrededor de 220 millones de pesos a través de Vector, sin que
se registrara la fecha de dichas transacciones. En la causa penal 325/2025,
la FGR advierte que los recursos pudieron ser enviados a otras
entidades o países con el fin de ocultar su origen ilícito.
“Se conocio´ que Grupo Potesta, S.A.
de C.V., celebro´ operaciones con diversos proveedores entre los que destacan
los 220 millones de pesos que tuvo con la institucio´n financiera Vector, Casa
de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institucio´n financiera
podri´a estar enviando recursos hacia otras entidades o pai´ses con la
finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, cita el documento.
Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados ante el juez para obtener órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.
Además de Grupo Potesta, la investigación
también involucra a Grupo Base Energéticos, que habría tenido vínculos
comerciales con Vector según información del SAT.
Empresas importadoras y comercializadoras
Vector aparece en la lista de 36 empresas
financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con
esta red de “huachicol fiscal”. En junio pasado, la casa de bolsa y
dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, al acusarlos de facilitar operaciones de lavado para los
cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.
A partir de este mes las tres instituciones
tienen prohibido realizar transacciones con el sistema financiero
estadounidense.
La FGR ubica a Grupo Potesta como
una de las cinco principales empresas relacionadas con delitos como lavado de
dinero, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia
ilícita y corrupción en aduanas.
Las indagatorias señalan también vínculos
con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal fue accionista de
Agrícola Boreal, empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC). Sus accionistas —Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana
María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón— están vinculados a Abigael
González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva
Generación.
La comercializadora, cuyos accionistas son
José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla,
tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. En las indagatorias la
FGR encontró inconsistencias financieras: reportó ingresos por 87 millones de
pesos en 2023 y contar con solo ocho empleados, y presentó facturas
electrónicas por más de mil 700 millones de pesos de algunos proveedores que se
encuentran relacionados en la red de huachicol.
Además de Potesta, la FGR ha
identificado a Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos,
Transportadora del Pacífico y del Golfo de México y Era Tech Combustibles —esta
última vinculada al Cártel de Sinaloa— como parte de la misma red de
empresas dedicadas al huachicol fiscal.
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