Ciudad de México, agosto 22.- Tras el carpetazo del
Instituto Nacional Electoral al expediente de Pio López
Obrador, consejeros del INE advirtieron un bloqueo de
información a ese instituto desde instancias de gobierno para resolver ese
caso.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de
Fiscalización, y responsable de la indagatoria electoral, dijo que la Unidad
Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, y solicitó información
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia
Financiera, al partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos
a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con
León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
Señaló que no hubo respuesta del rastro de dinero que el
hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió del ex
coordinador nacional de Protección Civil, David León.
“Sin embargo, de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, detalló.
En el mismo sentido, la consejera Dania Ravel, expuso que la
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) entregó el
expediente de su averiguación previa, donde determinó el ejercicio de la acción
penal, y acompañó la documentación de un peritaje que desvirtuaba los videos
difundidos en 2020 por Latinus.
“De las pocas autoridades que sí nos respondieron fue la
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en donde nos dio el
expediente en el que determinó el no ejercicio de la acción penal y dentro de
este no ejercicio de la acción penal, a través de peritajes, lo que hacen es
desvirtuar la autenticidad de estos videos desde la perspectiva de que pudieron
haber sido alterados, mencionando que presentan cortes, que hay partes del
audio que son inentendibles que no se puede garantizar que efectivamente
no haya sido manipulado”, refirió.
Aún más, el consejero Jaime Rivera recordó que la Fisel “se
resistió a informar al INE de sus investigaciones”, aunque la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ordenó a esa fiscalía proporcionar al INE la
información y documentación de las carpetas de investigación respectivas, algo
que ocurrió el 15 de septiembre de 2022.
“La fiscalía remitió a este Instituto copias certificadas de
la carpeta de investigación, aunque en ellas no había información que aclarase
el origen ni el destino del dinero”, dijo.
Indicó que ante tal conclusión de una autoridad
especializada, el INE no contó con elementos para aceptar el
procedimiento especial sancionador contra Pío López Obrador, David León y Morena.
“Dada la conclusión de la Fiscalía y las limitaciones de
investigación por parte del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización de
este Instituto no pudo llegar a conclusiones diferentes. (…) Hay casos en que
la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. El caso que nos
ocupa ahora es uno de ellos”, remató.
El INE dio vista al Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, debido a la negativa a entregar información por parte del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. (Latinus)
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