Washington, DC, julio 8 (SE).- Después de seis turnos de 12
horas ordeñando vacas, el único día libre de José Molina Aguilar apenas fue
relajante.
El 21 de abril, él y siete compañeros de trabajo fueron
arrestados en una granja lechera de Vermont en lo que los defensores
dicen fue una de las redadas de migración más grandes en la historia del
estado.
"Vi a través de la ventana de la casa que migración ya
estaba allí, dentro de la granja, y fue entonces cuando nos detuvieron",
dijo Molina en una entrevista reciente. "Estaba en el proceso de asilo, y
aun así, no respetaron el documento que todavía tenía en mis manos".
Cuatro de los trabajadores fueron deportados rápidamente
a México. Molina, liberado después de un mes en un centro de detención
en Texas con su caso de asilo aún pendiente, ahora trabaja en una
granja diferente y está alzando la voz.
"Debemos luchar como comunidad para que todos podamos
tener y seguir luchando por los derechos que tenemos en este país",
expresó.
Ryan Brissette, portavoz de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en
inglés), dijo que los agentes respondieron inicialmente a un reporte de un
ciudadano preocupado que vio a dos personas con mochilas entrando en una
propiedad agrícola privada cerca de la frontera con Canadá. Los agentes
detuvieron a una persona en el lugar y a más durante la búsqueda subsiguiente
del área, dijo.
El propietario de la granja declinó hacer comentarios. Pero
Brett Stokes, un abogado que representa a los trabajadores detenidos, declaró
que la redada envió ondas de choque a través de toda la industria agrícola del
noreste.
"Estas tácticas de mano dura que estamos viendo y estos
aumentos en la aplicación de la ley, sean legales o no, juegan un papel en
avivar el miedo en la comunidad", indicó Stokes, director del Centro de
Reforma de Justicia en la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont.
Ese miedo persiste dado los mensajes contradictorios que
provienen de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, quien hizo
campaña con la promesa de deportar a millones de migrantes que trabajan sin
autorización legal en Estados Unidos, el mes pasado pausó los arrestos en
granjas, restaurantes y hoteles. Pero menos de una semana después, la
subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin,
aseguró que las medidas en los lugares de trabajo continuarán.
Cuando se le pidió un comentario actualizado el lunes, el
Departamento repitió la declaración anterior de McLaughlin.
"La aplicación de la ley en los lugares de trabajo
sigue siendo una piedra angular de nuestros esfuerzos para salvaguardar la
seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica",
dijo.
Tal incertidumbre está causando problemas en grandes estados
como California, donde las granjas producen más de tres cuartas partes de
la fruta del país y más de un tercio de sus vegetales. Pero también está
afectando a estados pequeños como Vermont, donde la industria lechera es
tan parte de la identidad del estado como su famoso jarabe de arce.
Casi dos tercios de toda la producción de leche en Nueva
Inglaterra proviene de Vermont, donde más de la mitad de las tierras agrícolas
del estado están dedicadas a la leche y los cultivos lecheros. Hay
aproximadamente 113 mil vacas y 7 mil 500 cabras repartidas en 480
granjas, según la Agencia de Agricultura, Alimentos y Mercados de Vermont, que
estima el impacto económico anual de la industria en 5 mil 400 millones de
dólares.
Ese impacto se ha más que duplicado en la última década, con
una ayuda generalizada de la mano de obra migrante. Más del 90% de las granjas
encuestadas para el reciente informe de la agencia emplearon trabajadores
migrantes.
Entre ellos está Wuendy Bernardo, quien ha vivido en una
granja lechera de Vermont por más de una década y tiene una solicitud activa
para detener su deportación por razones humanitarias: Bernardo es la principal
cuidadora de sus cinco hijos y sus dos hermanas menores huérfanas, según una
carta de 2023 firmada por docenas de legisladores estatales.
Cientos de simpatizantes de Bernardo se presentaron para su
más reciente chequeo con las autoridades de migración.
"Es realmente difícil porque cada vez que vengo aquí,
no sé si regresaré con mi familia o no", expresó después de que le dijeran
que regresara en un mes.
Al igual que Molina, Rossy Alfaro también trabajó días de 12
horas con un día libre por semana en una granja de Vermont.
Ahora, defensora con Justicia Migrante, advirtió que la industria lechera
colapsaría sin trabajadores migrantes.
"Todo se vendría abajo", dijo. "Hay muchas
personas trabajando largas horas, sin quejarse, sin poder decir, 'No quiero
trabajar'. Simplemente hacen el trabajo".
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