Las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre reformas en materia laboral y el congelamiento de cuentas privadas encendieron las alertas sobre proyectos de inversión extranjera en el país y en Baja California, mientras que la dependencia de remesas continúa al alza exhibiendo una economía parasitaria, de acuerdo con la información del Banxico y la SECON.
Por ejemplo, la Secretaría de Economía federal (SECON), a través del Registro Nacional Inversión Extranjera (RNIE), arroja para 2025 una inversión directa nueva para Baja California en el orden de los 228 millones de dólares. A su vez, las remesas cerraron en 1,769 millones de dólares, indican los datos del Banco de México (Banxico) para la entidad.
Los resultados para el Estado que documentan ambas instituciones encienden las alarmas de la economía local tras evidenciar que las remesas familiares superan cerca de 8 veces la llegada de nuevos capitales foráneos a la entidad durante 2025.
La situación todavía es más crítica si recordamos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exhibió la fase recesiva en la que se encuentra Baja California ante la parálisis de un gobierno que prefieren negar la realidad sobre la necesidad de la mayoría que no logra encontrar un trabajo que le alcance para cubrir por los menos sus necesidades básicas.
Por el lado de los empresarios locales, la incertidumbre es mayor al no contar, ya no digamos con estímulos fiscales para sacar adelante a sus negocios y generar empleo formal, ni siquiera tienen la seguridad de contar con un Poder Judicial independiente, por lo que proyectos que pudieran aterrizar se quedan en el aire incidiendo directamente en las actividades económicas en el Estado.
Es decir, no solo hay poca inversión extranjera nueva, se le suma la dependencia de familias que trabajan en Estados Unidos y que mandan su dinero a sus parientes en el Estado para que logren subsistir en medio de la recesión económica y un mercado laboral debilitado por falta de estímulos, las extorsiones y un estado de derecho cada día más debilitado en México y Baja California.
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