La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que, de
existir intereses políticos en el proceso en contra del exmandatario Jaime
Bonilla Valdez, “se habría actuado de otra manera”; además de criticar que se
pretenda calificar el caso de esa forma, al señalar: “ahora se rasgan las
vestiduras y dicen que es un tema político".
Cuestionada del caso en su conferencia semanal, Ávila Olmeda
insistió en que el proceso legal inició desde el arranque de su administración,
buscando "proteger los recursos públicos" de Baja California, por un
contrato con una planta fotovoltaica, con la que se arriesgaba el patrimonio de
quienes aquí residen.
Recordó que Bonilla Valdez contaba con fuero federal al
desempeñarse como senador de la República, cargo que ocupó tras dejar la
gubernatura de Baja California, sin embargo, ahora que perdió esa protección
fue vinculado a proceso junto a otros nueve presuntos implicados, la mayoría
sus excolaboradores.
"No hay ningún tema político, simplemente es una
defensa que se está haciendo de los recursos públicos del Estado",
insistió la mandataria; esto en referencia a declaraciones que Jaime Bonilla ha
hecho en días recientes ante la prensa.
Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal,
Juan José Pon Méndez, detalló que tras una audiencia que se extendió por más de
24 horas, Bonilla fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, uso
ilícito de atribuciones y facultades, así como por mal uso de autoridad.
Como medida cautelar, indicó que el juez instruyó una
garantía de 100 mil pesos y un plazo de seis meses para que se lleve a cabo la
investigación.
Pon Méndez afirmó que, tanto en la convocatoria de la
licitación como en el contrato plurianual con la empresa Next Energy, se
establecía que el propósito era construir un centro de energía a través de
celdas fotovoltaicas, contrario a lo que ha argumentado Jaime Bonilla.
Agregó que, en su momento, la ex secretaria de Energía del
Gobierno de México, Rocío Nahle García, le envió un oficio al exgobernador en
el que le señalaba que los estados no tienen facultades para llevar a cabo una
licitación de esa naturaleza, observación de la que -dijo- se hizo caso omiso. (AFN Noticias)
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