La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó la discrecionalidad en el manejo de las Participaciones Federales pagadas al gobierno del Estado de Baja California en la auditoría número 481 correspondiente a la tercera entrega de las Cuentas Públicas 2024 que corresponde al ejercicio fiscal de 2023.
En el informe entregado a la Cámara de Diputados en febrero de 2026, la ASF informó que el Poder Ejecutivo, a cargo de la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, administró 30 mil 007.8 millones de pesos correspondientes a recursos de libre disposición durante 2023.
De ese total, al 31 de enero de 2024, fecha del corte de la auditoría, se ejercieron 28 mil 321.6 millones de pesos de Participaciones Federales que representaron el 94.4% del monto asignado, por lo que quedó un saldo sin ejercer por Mil 686.1 millones de pesos, los cuales permanecen en las cuentas bancarias del gobierno del Estado.
Es decir, el documento del que cuenta con copia AFN Noticias, evidencia los malos manejos financieros sobre los recursos de libre disposición que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California.
De tal forma, para el ejercicio fiscal 2023, los Mil 686.1 millones de pesos que se quedaron en las cuentas bancarias de la administración de Marina del Pilar podrían haberse destinado al rezago en infraestructura, servicios de educación, hospitales públicos o seguridad.
Cabe mencionar que en el resumen financiero-presupuestal del gobierno del Estado se publica mes tras mes un balance presupuestal a favor entre el rango de los 4 mil o 5 mil millones de pesos, sin embargo, al solicitar al Estado hacer uso de esos recursos para atender necesidades urgentes niega contar con el dinero que ellos mismos publican a través de su página oficial.
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