Esta perspectiva refleja en México un panorama económico
desafiante tanto a nivel interno como externo, en un entorno de desaceleración
previsto por el organismo desde noviembre; aunque estimó un repunte de 1.6 por
ciento para 2026.
Esta perspectiva también dista de la que apuntó la OCDE al
iniciar mayo, cuando esperó un alza del 2.2 por ciento y 2 % para 2024 y 2025,
respectivamente.
La OCDE señaló en el informe que esta moderación responde a
una combinación de factores: una demanda interna debilitada, una desaceleración
en la creación de empleos formales en el sector industrial y una inversión
privada afectada por incertidumbres políticas y económicas.
Los indicadores de corto plazo sugieren que la debilidad de
la demanda interna, que comenzó a fines de 2023, persiste. La desaceleración
del consumo privado, tanto de bienes como de servicios, está vinculada a una
menor creación de empleo en el sector industrial”, indicó la OCDE en el
informe.
Además, apuntó que la culminación de grandes proyectos de
infraestructura en el sur del país ha limitado el crecimiento de la inversión
pública, al tiempo que resaltó que ha disminuido la inversión privada.
Por otro lado, el organismo resalta que las exportaciones
mexicanas han mostrado resiliencia, impulsadas por la fuerte demanda de bienes
duraderos en Estados Unidos.
Sin embargo, señaló que persisten riesgos inflacionarios, especialmente en el sector servicios,
donde los precios han crecido un 5 por ciento, reflejando presiones que podrían
dificultar una estabilización completa de la inflación.
Para enfrentar estos retos, la OCDE recomienda una
combinación de políticas fiscales y monetarias.
Entre las prioridades destacan la consolidación fiscal, a
fin de cumplir la meta del Gobierno mexicano de reducir el déficit público del
5 por ciento del PIB en 2024 al 3.2 % en 2025 mediante una disminución en la
inversión pública y ajustes en el gasto.
Además, estimó pertinente mantener una “política monetaria
prudente”, lo que supone continuar con la disminución gradual de las tasas de
interés, actualmente en 10.25 por ciento, para estimular la inversión sin
comprometer la meta de inflación, mientras las proyecciones oficiales suponen
que llegue a 7.5 % para finales de 2025.
La OCDE previó que “un uso más sistemático de análisis
costo-beneficios sólidos, la ampliación de la base impositiva sobre la renta
personal, el aumento de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles y la
mejora de la eficiencia de la administración tributaria ayudarían a financiar
un mayor gasto en áreas críticas como la educación y la infraestructura”.
A pesar de las dificultades, la OCDE destacó que México
“podría beneficiarse de las tendencias de relocalización de cadenas de
suministro (nearshoring), lo que permitiría atraer inversión extranjera directa
hacia sectores de manufactura avanzada y tecnología”. Sin embargo, para
aprovechar estas oportunidades, “se requiere un entorno regulatorio estable y
eficiente”.
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